En el año 2020, Felisa es incluida en el registro de Innovation and Human Rights (IHR World), asociación que promueve el derecho de acceso a la información y a los archivos, difunde el trabajo de los archivos y la investigación historiográfica y que recoge en una base de datos referencia de los miles de expedientes de depuración abiertos a profesionales vinculados a la enseñanza durante la Guerra Civil y en la posguerra. Son expedientes referidos a maestros y maestras de enseñanza primaria y secundaria, de la Escuela Normal y se extienda a cualquier persona vinculada a la enseñanza a quien alcanzó la depuración, se apartó de su cargo y se incoó un expediente.
En su base de datos, Felisa aparece erróneamente como Paulina Alcuza del Carmen en lugar de como Paulina Felisa Alcusa del Carmen, probablemente porque recoge los datos de los expedientes del Archivo Central de Educación y, sabemos, que la Escuela Normal Superior de Maestras de Zaragoza, inscribió con esta errata a Felisa en 1984.
Felisa fue víctima del odio a un lado de la trinchera. La idea de eliminar la figura de los maestros de la república nace más allá de la depuración ideológica, del malestar creado en algunos sectores conservadores por las reformas llevadas a cabo desde 1931 por las autoridades republicanas.
El Gobierno de la II República prohibió que las órdenes religiosas continuarán realizando su labor docente, lo que afectaba a cerca de cinco mil escuelas y 295 institutos de secundaria. También fueron discutidos el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza y otras medidas como la sustitución del Plan de estudios de 1914 por un nuevo Plan Profesional del Magisterio de 1931 y el cambio del sistema de acceso al Magisterio, reemplazando el tradicional sistema de oposición por la realización de cursillos con el fin de incrementar sustancialmente el número de maestros de primaria.
La Junta de Defensa Nacional, creada el 25 de julio de 1936 por los militares sublevados en el fallido golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil española, desmanteló todas las reformas educativas realizadas por los gobiernos republicanos.
La Comisión de Cultura y Enseñanza, integrante de la Junta Técnica del Estado, favoreció que durante los primeros meses de la guerra se produjera la eliminación física de cientos de educadores. Tan sólo un mes después del estallido de la guerra, el día 19 de agosto del 36 ordena la primera medida depuradora, según la cual los alcaldes debían informar al Rector de la Universidad de las actividades y la conducta “patriótica y moral” de los maestros, dejando al Rector la decisión de apartarlos, en caso de culpabilidad.
En Zaragoza, el Rector de la Universidad, Gonzalo Calamita, es el responsable de la depuración del personal docente:
Revista gráfica "Aragón", Nº 133, Octubre 1.936
El 28 de agosto, entra en la Universidad informe de la Maestra, de mano del alcalde de Cogullada .
En noviembre en otra vuelta de tuerca, Francisco Franco vía Decreto, dispone la creación de Comisiones depuradoras: "La atención que merecen los problemas de enseñanza, tan vitales para el progreso de los pueblos, quedaría esterilizada si previamente no se efectuase una labor depuradora en el personal que tiene a su cargo una misión tan importante como la pedagógica... con el fin de apartar a los docentes con ideologías disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición
nacional... extirpando así de
raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los
principales factores de la trágica
situación a que fué llevada nuestra Patria".
Para cuando el 11 y 12 de noviembre del 36 y el 4 enero del 37 el Rector Calamita le reclama información al alcalde de Zaragoza, al de Cogullada y al de San Juan de Mozarifar sobre la maestra, Felisa ya ha sido fusilada: el desatino y la crueldad del Teniente de zona de la Guardia Civil con base en Movera (1), un energúmeno conocido en muchos barrios y pueblos alrededor de Zaragoza, se adelantó a la justicia del bando.
(1) Pocos imaginaban en el pueblo, que aquel 27 de septiembre de 1936, hoy hace de ello 80 años, se producirían unos hechos que constituirían la página más negra y trágica de la historia de Perdiguera. Aquel domingo, en un pueblo tomado desde el inicio de la guerra por los militares sublevados, un grupo de guardiaciviles al mando del teniente del cuartel de Movera, después de bien comidos y bien bebidos, según contaban quienes se acordaban de ello, se dedicaron a recorrer el pueblo deteniendo a 31 vecinos que fueron introducidos maniatados en la caja de un camión. Posteriormente fueron trasladados al límite del término de Perdiguera con Villamayor, donde en las paredes de una antigua casilla de peones camineros que había junto a la carretera, fueron fusilados y enterrados en una fosa que allí hicieron.